La manera en que se construyen carreteras, trenes, puertos, puentes y redes eléctricas y de agua en México podría modificarse si el Congreso aprueba la iniciativa de Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, la cual plantea un esquema de inversión mixta y vehículos financieros, con el objetivo de acelerar inversiones en sectores clave como transporte y logística.
“La iniciativa se enfoca en inversiones mixtas, en donde va a participar el propio Gobierno federal, el sector privado y el sector social. Incluso pueden intervenir los gobiernos estatales y municipales”, explicó José Luis Clavellina, director de Investigación en el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
Para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la iniciativa promueve la inversión pública de largo plazo sin comprometer las finanzas.
“La ley no autoriza gasto por sí misma, no crea deuda automática y no modifica las metas del balance presupuestal. Lo que plantea es un marco jurídico claro para la planeación, estructuración y ejecución de proyectos de infraestructura estratégica que, por su naturaleza, requieren la participación de distintos órdenes de gobierno, concurrencia de recursos públicos y privados y ejecución en más de un ejercicio fiscal”, aseguró María del Carmen Bonilla, subsecretaria de Hacienda, durante su comparecencia ante comisiones de la Cámara de Diputados el pasado 25 de marzo.
Para tal fin, la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no solo crea la Ley de Infraestructura, también modifica los artículos 2, 9 Bis, 16, 17, 21, 32, 35 Bis, 50, 54 y 108 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Es decir, plantea redefinir el Gasto Corriente Estructural, incluyendo a los programas sociales universales constitucionales y los servicios personales de educación, salud y seguridad pública, lo que genera dudas entre expertos, pues consideran que podría alterar el límite del gasto público.
No obstante, la subsecretaria de Hacienda precisó en su comparecencia que la iniciativa no sustituye la Ley de Ingresos de la Federación ni el Presupuesto de Egresos de la Federación, ni tampoco altera las facultades del Congreso en materia de autorización de gasto, ya que todos los proyectos deberán sujetarse a la disponibilidad presupuestaria, al techo de endeudamiento aprobado, a los requerimientos del sector público y a las reglas de equilibrio previstas en la Ley de Responsabilidad Hacendaria.
Esquemas de inversión mixta
El plan de infraestructura plantea un esquema de inversiones mixtas, en donde las empresas privadas dispondrán de un trato preferente en los flujos y tendrán como socio estratégico al sector público.
Los plazos de los contratos no podrán ser inferiores a cuatro años ni exceder, con sus prórrogas, los 40 años en su conjunto.
Estas inversiones mixtas se basan en cuatro pilares:
- Contratación de Largo Plazo, la cual podrá instrumentarse mediante contratos, concesiones, asignaciones, permisos, asociaciones, fideicomisos, vehículos de propósito específico, empresas públicas del Estado, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades mercantiles o cualquier otra figura permitida por la legislación aplicable.
- Inversión mixta.
- Esquemas previstos en leyes sectoriales, incluyendo el sector energético, así como mecanismos de coinversión, asociaciones, asignaciones, contratos, empresas mixtas o vehículos financieros.
- Otros esquemas que determine el reglamento de la iniciativa o los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda.
Vehículos de coordinación para la inversión
En el ámbito financiero, la iniciativa incorpora ajustes a la ley presupuestaria para dar mayor certidumbre a los proyectos. Esto incluye reglas más claras para fideicomisos y vehículos de propósito específico.
Estos podrán constituirse a través de fideicomisos públicos o privados, mandatos o figuras análogas.
También podrán adoptar distintas figuras societarias, como Sociedad Anónima, Sociedad Anónima Promotora de Inversión, Sociedad Anónima Promotora de Inversión Bursátil o Sociedad Anónima Bursátil, en términos de la Ley General de Sociedades Mercantiles y la Ley del Mercado de Valores.
En su constitución podrán participar, de manera conjunta o separada, los sectores público, privado y social.
Estos vehículos tendrán por objeto exclusivamente la inversión o financiación de proyectos para el desarrollo con bienestar y deberán buscar en todo momento las mejores condiciones económicas y financieras.
Además, el Fondo Nacional de Infraestructura u otros fondos públicos podrán constituir estos vehículos para mejorar las condiciones de inversión.
Se crea un consejo vigilante
La nueva ley crea el Consejo de Planeación Estratégica, un órgano consultivo permanente, sin personalidad jurídica ni patrimonio propios, encargado de establecer criterios técnicos, emitir lineamientos de coordinación y formular recomendaciones no vinculantes sobre la inversión estratégica en México.
Este consejo será encabezado por la presidenta.
Especialistas consideran que, si bien la iniciativa podría impulsar la inversión en infraestructura, no resuelve el problema de fondo: la falta de recursos públicos.
“México no invierte mucho en infraestructura porque no tiene dinero; no hay espacio fiscal. El gobierno no ha generado condiciones que financien esta inversión”, señaló José Luis Clavellina, quien añadió que esto requeriría una reforma fiscal.
La iniciativa, enviada al Congreso el 18 de marzo, pasó el primer trámite constitucional al ser aprobada en la Cámara de Diputados y ahora se encuentra en análisis en el Senado.
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