El Gobierno federal analiza la posibilidad de establecer una tarifa o impuesto local relacionado con la actividad de la aduana o con el número de contenedores que llegan al Puerto de Manzanillo, así lo aseguró la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
En una visita al puerto de Manzanillo, en el estado de Colima, la mandataria apuntó:
“Se está analizando que haya un impuesto local relacionado con la aduana o el número de contenedores que llegan a Manzanillo, se está viendo si eso pudiera tener una factibilidad. El asunto es que tiene que haber una compensación por lo que da Manzanillo o el estado de Colima a la federación”.
De acuerdo con Sheinbaum, es importante que los recursos que se captan en la federación se distribuyan bajo una fórmula que permita también que aquellas entidades que captan menos por las características de su estado, puedan tener una retribución de la federación para generar mayor equidad en el país.
Para fortalecer la infraestructura vinculada al puerto, el Gobierno analiza una estrategia que acompañe el crecimiento sostenido del movimiento de carga para robustecer la conectividad y los servicios urbanos.
Si bien esta posibilidad de establecer un impuesto local está bajo estudio, no es la primera, ni la única vez que se busca extraer recursos extra del movimiento de carga en el país, señalaron especialistas.
Con diferentes iniciativas para recaudar recursos ya sea a través de tarifas y cuotas adicionales a los impuestos, los Gobiernos estatales y federal encarecen el movimiento de carga en el país, denunciaron representantes del sector transporte.
Otra propuesta
En enero pasado, el senador del Partido Verde Ecologísta de México (PVEM), Virgilio Mendoza Amezcua, expuso que entre sus prioridades está crear un fondo específico para estados y municipios portuarios a través del cobro de una tarifa por tonelada importada en cada puerto, similar al concepto de muellaje previsto en la Ley Federal de Derechos.
Se pretende que este fondo sea destinado exclusivamente a infraestructura urbana portuaria, mitigación del daño ecológico y fortalecimiento de la seguridad.
De aprobarse esta iniciativa, Manzanillo podría recibir entre 200 y 300 millones de pesos anuales, recursos que, señala el legislador, permitirían atender rezagos históricos en zonas como Tapeixtles, Jalipa, El Colomo y La Arena, en Colima.
En los hechos
A la Ley de Ingresos 2024 de Ensenada, Baja California, se incorporaron impuestos para el almacenamiento de contenedores, tractocamiones y sus cajas; además, se impuso una licencia ambiental para la operación de patios de maniobras y de almacenamiento de contenedores.
En Ensenada se cobra un impuesto para el mantenimiento y conservación de las vías públicas por concepto de traslado de contenedor. Frente a este hecho, la Asociación Mexicana de Agentes Navieros (AMANAC) señaló que esto implica una sobrerregulación.
“Consideramos que dicho impuesto trae aparejada sobrerregulación, ya que, conforme a lo establecido en el artículo 49 fracción IV de la Ley Federal de Derechos en relación con el artículo 106 fracción V inciso a) de la Ley Aduanera, ya se realiza el pago por la importación temporal de contenedores”, señaló en su momento la asociación que agrupa a los agentes navieros.
Por lo anterior, desde entonces la AMANAC tiene un amparo en contra de esa regulación, pero la ley sigue, de acuerdo con Jorge Medina, CEO de Transpoint Intermodal, con una terminal en Ensenada.
Capacitación
Los cobros adicionales no son exclusivos de las autoridades. Recientemente causó polémica un curso de seguridad que se debía tomar para entrar a las terminales del puerto, que promueve la Asociación de Terminales y Operadores de Manzanillo (ASTOM), el cual en un principio solicitaba una cuota de recuperación de 700 pesos.
Ante este cobro de recuperación y la obligatoriedad de la capacitación para ingresar al puerto, fue que diversas organizaciones levantaron la voz.
En el caso de AMANAC, señaló que si bien respaldan la profesionalización del personal que ingresa a las instalaciones portuarias, incluidos los aspectos de seguridad, consideran inadecuada e inaplicable la imposición de un curso obligatorio que carece del aval de la autoridad competente, incluida la propia Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) en el Puerto de Manzanillo.
La Unión Transportista de Carga de Manzanillo destacó la importancia de fortalecer las medidas de seguridad dentro de las terminales portuarias; sin embargo, se pronunció en contra de que dichos cursos de capacitación sean obligatorios y que las asociaciones civiles, como es el caso de ASTOM, “lucren y/o vean como un negocio la necesidad de los usuarios para ingresar a las terminales portuarias que estén inscritas en dicha asociación”.
La ASIPONA Manzanillo resolvió que la regulación del acceso y la operación dentro del recinto portuario es una facultad exclusiva de ellos, e informó que se instruyó a las empresas concesionarias a no restringir el ingreso ni condicionar el acceso al pago de cuotas o a la realización de cursos no autorizados.
Fernando Con y Ledesma, Presidente de la AMANAC, refirió en entrevista que este tipo de cursos podría ser “la punta de lanza” para que otras terminales y puertos hicieran lo mismo, por lo que señaló su preocupación por el costo que eso implicaría para la comunidad que interactúa en estas instalaciones.
“Si se nos da una capacitación general, pues todo el mundo la cumpliría, pero por ejemplo, cuántos transportistas entran al puerto, es un número enorme”.
En su oportunidad, José Antonio Contreras, Presidente de ASTOM, destacó que el operador portuario es el responsable de la seguridad, y señaló que evalúan la manera de implementar el curso, aunque para los trabajadores de las terminales es obligatorio.
“No es una cuestión de recaudar, ni de costo, la cuota que había era bajísima, de 700 pesos, la recuperación de la inversión. Es un proyecto muy grande, lamentablemente no se entendió, vamos a volver a intentarlo y a procurar que avance”, comentó en entrevista.
Si bien se trata de un curso por la seguridad, la comunidad portuaria está atenta a todos los posibles costos, cuotas y cargos que puedan impactar o encarecer el movimiento de carga.
Este tipo de capacitaciones incrementa el costo logístico: “A partir del momento en que se exige y un prestador de servicio no la tiene, disminuye la cantidad de camiones que van a estar dispuestos o van a tener la autorización para entrar a las terminales. Esto, naturalmente, va a generar una ineficiencia y un aumento de costo”, expuso Paulo Biazotti, Director General de la naviera ONE en México.
El consumidor final
Ya sea con tarifas que están en análisis, en revisión en los congresos, o bien que ya están en la ley y contra las cuales se tienen amparos, son iniciativas que encarecerían el movimiento de carga y tarde o temprano repercutirá en el consumidor final.
De todos los movimientos fiscales que puedan ocurrir en un país, el principal impacto sigue siendo en el consumidor final. Esto es inevitable.
“Cualquier tipo de acción de agregar impuestos o carga tributaria, va a afectar al consumidor final. El producto que llega a México, será más caro”.
Es muy difícil conocer en qué medida se elevaría el costo, porque dependerá de la carga tributaria del producto específico, pero si se eleva el costo de las cadenas de suministro, el incremento puede ser desde variaciones mínimas, hasta la total inviabilidad de que una mercancía llegue a México.
De acuerdo con el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE) Noreste, el costo logístico en México puede representar hasta 60% de los costos de una empresa, cuando el promedio internacional se ubica entre 5 y 35 por ciento.
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