En Estados Unidos, la participación de mujeres en el autotransporte de carga ha mostrado una tendencia clara de crecimiento en la última década. De acuerdo con la Women In Trucking Association (WIT), el porcentaje de conductoras profesionales con licencia comercial (CDL) pasó de niveles de un 8% a inicios de la década pasada a aproximadamente 12.1% en 2023, según su WIT Index. 

Este índice —el principal referente estadístico de género en la industria— se construye a partir de encuestas anuales a empresas transportistas, datos sectoriales agregados y métricas de empleo, permitiendo medir no sólo cuántas mujeres participan, sino en qué posiciones lo hacen y cómo evoluciona su representación. Más allá de la cifra, el valor del WIT Index radica en que convierte la inclusión en un indicador medible; y como bien decía Peter Drucker: “Lo que no se mide, no se puede mejorar”. 

La experiencia estadounidense demuestra que cuando la participación femenina se monitorea con rigor, deja de ser discurso y se convierte en política sectorial, reflejando una visión empresarial orientada a la sostenibilidad del negocio del transporte.

Mientras en Estados Unidos la medición ha sido impulsada desde el sector privado, en Europa el enfoque ha sido institucional. La International Road Transport Union estima que las mujeres representan apenas entre el 3 y 5% de los conductores de carga pesada en la Unión Europea, en un contexto de escasez superior a los 230,000 operadores y una fuerza laboral envejecida. 

Ante esta realidad, la European Commission incorporó la participación femenina a su programa “Women in Transport–EU Platform for Change”, vinculándola a instrumentos como el European Social Fund Plus para capacitación laboral. Si bien no existe un presupuesto exclusivo destinado únicamente a mujeres en el transporte de carga, la alineación formal del tema dentro de la política de movilidad y empleo ya representa un avance relevante: convierte la inclusión en parte de la arquitectura estratégica del sistema logístico europeo. 

Esta experiencia en Europa demuestra que, aun sin partidas presupuestales específicas, la inclusión avanza cuando forma parte explícita del diseño de política pública y se entiende como un factor de competitividad de largo plazo.

En América Latina, el caso más estructurado es el de Chile, donde la incorporación femenina al transporte ha estado estrechamente vinculada a la industria minera. No es casualidad: la minería representa entre 10 y 14% del PIB de ese país y más de la mitad de sus exportaciones, lo que la convierte en un sector estratégico con alta capacidad de inversión y fuerte presión internacional en estándares de sostenibilidad. 

Aunque la participación de mujeres en el transporte de carga pesada a nivel general aún se mantiene en niveles bajos —entre 2 y 3%—, en operaciones logísticas vinculadas a grandes proyectos mineros la presencia femenina ha crecido de manera sostenida durante la última década, alcanzando cifras cercanas al 15% en algunos segmentos. 

Este avance ha sido impulsado por programas de capacitación cofinanciados por el Estado y por estrategias corporativas alineadas con criterios ESG. El caso chileno demuestra que la inclusión no necesariamente debe surgir sólo desde los gremios del autotransporte, sino que puede articularse desde sectores industriales que dependen intensivamente de flotas —como minería, alimentos, bebidas o manufactura— generando alianzas con operadores logísticos y autoridades de movilidad. Cuando la demanda productiva incorpora objetivos de diversidad, la cadena completa responde y fortalece su resiliencia operativa.

Los tres casos comparten un denominador común: la inclusión femenina no avanza por discurso, sino por necesidad estructural. Escasez de operadores, presión competitiva y sostenibilidad financiera convergen en una misma conclusión: el verdadero déficit no es únicamente de operadores, sino de visión estratégica para ampliar la base de talento.

Pero la visión no se limita a incorporar más mujeres al volante. También implica integrar de manera real la perspectiva de hombres y mujeres en los espacios donde se toman decisiones: consejos directivos, áreas operativas, planeación estratégica y diseño de políticas públicas. Cuando la experiencia y el liderazgo se construyen desde una mirada complementaria, las decisiones tienden a ser más estratégicas, más sostenibles y mejor alineadas con la realidad del mercado laboral.

Como he señalado recientemente, 2026 será un año para fortalecer la sostenibilidad económica del sector. La agenda ambiental es indispensable, pero sin empresas rentables no hay inversión, ni modernización de flotas, ni transición energética posible. Integrar a más mujeres en todos los niveles del autotransporte —no exclusivamente en la operación, sino también en la dirección y la estrategia— no es sólo un tema de equidad; es una condición para acelerar el cambio de visión que el sector necesita para consolidar su competitividad y su viabilidad de largo plazo en México.

Miguel Elizalde: me@mobilitysustainable.com

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