A través de las aduanas de México es posible ingresar un tractocamión usado proveniente de Estados Unidos con un valor declarado inferior a los 100,000 pesos. Se trata de unidades que, aunque no superan los 10 años de antigüedad, pueden registrar más de un millón de millas recorridas y haber pasado por una segunda vida del motor. La subvaluación se ha consolidado como una práctica con efectos nocivos para la industria productora, la red de distribución e incluso para las empresas transportistas. A ello se suman impactos negativos en materia de emisiones contaminantes y seguridad vial.

En un contexto de bajas ventas de vehículos pesados y caídas a doble dígito en producción y exportación, el Gobierno de México ha decidido intervenir con el objetivo de “cerrar la llave” a la importación de vehículos pesados usados. Este fenómeno ha encontrado en la subvaluación un mecanismo de posicionamiento en un entorno económico marcado por la incertidumbre en la relación comercial con Estados Unidos, la imposición de aranceles sectoriales durante la administración de Donald Trump y el proceso de revisión del T-MEC.

Como parte del “Programa de atención inmediata para la protección a la industria de vehículos pesados”, anunciado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el pasado 26 de marzo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), encabezada por Edgar Amador Zamora, inició la elaboración de una lista de precios de referencia para la importación de vehículos automotores de carga y pasaje mayores a 3,500 kilogramos de Peso Bruto Vehicular (PBV).

Se trata de una demanda reiterada por la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) y la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).

El mecanismo consiste en un proceso técnico especializado mediante el cual la autoridad hacendaria realiza un estudio de mercado de precios de venta en el país, considerando tipo de vehículo, marca, modelo y año, entre otras variables. Con base en ello, se define una lista de valores de referencia que servirá para determinar los aranceles e impuestos aplicables, como el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Con ello, la autoridad busca frenar el ingreso de unidades con valores artificialmente bajos y facturas presuntamente apócrifas, que posteriormente son colocadas en el mercado nacional a precios superiores, generando competencia desleal, particularmente en el segmento de seminuevos certificados.

Reglas del T-MEC

La creación de una lista de precios de referencia para la importación de vehículos pesados usados ha generado altas expectativas en la industria, que confía en su pronta implementación. Para Rogelio Arzate Tapia, Presidente Ejecutivo de la ANPACT, la medida representa un avance para contener la subvaluación; sin embargo, considera que aún existen herramientas adicionales para reforzar el control del mercado.

Una de ellas se relaciona con las reglas de origen del T-MEC: “En el tratado, Estados Unidos solicita un certificado de origen que establece que los vehículos pesados que importa deben incluir al menos 64% de contenido regional. Nosotros también podríamos solicitarlo. Es una forma de cerrar aún más la llave al ingreso de estas unidades”, señaló.

La industria también solicita el incremento de aranceles para estas unidades. Guillermo Rosales Zárate, Presidente Ejecutivo de la AMDA, considera clave modificar el decreto de importación definitiva de vehículos usados provenientes de Canadá y Estados Unidos, que actualmente establece un arancel del 10% para unidades de entre uno y nueve años, para elevarlo hasta 50 por ciento.

Desde su perspectiva, la implementación de precios de referencia contribuirá a eliminar el uso de facturas apócrifas en operaciones de importación. No obstante, advierte que el mercado de tractocamiones seminuevos se encuentra prácticamente paralizado, lo que ha generado saturación en el segmento de unidades de ocho a nueve años de antigüedad, afectando también la colocación de vehículos nuevos.

Aduanas y control

Las autoridades aduaneras cuentan con facultades para revisar los valores declarados en las importaciones y verificar la veracidad de la documentación presentada. Sin embargo, esto no significa que dispongan de la capacidad humana para realizarlo. En este contexto, la reforma a la Ley Aduanera convierte al agente aduanal en un coadyuvante de la autoridad para verificar la veracidad de la información, expone José Alberto Campos Vargas, socio de la práctica de Comercio Exterior en Garrigues México.

El especialista señala que esta figura de coadyuvancia representa una barrera adicional contra la subvaluación. A ello se suma la Manifestación de Valor Electrónica (MVE), en la que se detalla la información de la operación, los conceptos que integran la transacción y los documentos contractuales que respaldan el valor declarado.

Campos destaca que la autoridad ha invertido en bases de datos e Inteligencia Artificial para comparar valores de mercancías idénticas o similares, lo que permitirá detectar con mayor precisión documentación irregular o falsificada.

A esto se agregan las reformas al Código Fiscal de la Federación en materia de defraudación fiscal, en las que la subvaluación puede considerarse como contrabando, con implicaciones penales para los responsables.

El especialista concluye que el Estado mexicano cuenta con herramientas legales suficientes para combatir la subvaluación de vehículos pesados y otras mercancías.

La creación de una lista de precios de referencia para la importación de vehículos de carga y pasaje, con la activación de los recursos legales que persiguen a la subvaluación, se perfila como una de las medidas de mayor alcance dentro del Plan México para proteger a la industria nacional. Se prevé que esta medida se materialice en 2026.

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