La electromovilidad en México enfrenta un reto que ya no está relacionado con la tecnología o la disponibilidad de recursos, sino con la capacidad de estructurar y ejecutar proyectos a gran escala, coincidieron especialistas durante el 17° Congreso Internacional de Transporte (CIT).
“Hay dinero, están NAFIN, Banobras y la banca comercial; también hay proyectos interesantes, pero lo que nos ha faltado es consolidar esa parte técnica”, expuso Gustavo Jiménez, CEO de E-mobilitas, durante el panel “Rumbo a cero emisiones: la transición energética en el transporte urbano”.
Agregó que, aunque el país ya cuenta con alrededor de 1,050 autobuses eléctricos en operación, esta cifra representa apenas 0.25% del parque vehicular de transporte público nacional, estimado en más de 500,000 unidades.
“Tenemos 20 autobuses aquí, 50 allá, pero seguimos pensando en pilotos y no en programas nacionales”, detalló.
Los expertos en electromovilidad insistieron en que México ha avanzado en proyectos piloto en distintas ciudades y estados, pero todavía no logra consolidar una estrategia nacional que permita acelerar la transición hacia sistemas de transporte eléctrico masivos.
Rumbo a la electromovilidad
Matías Galuccio, Head de VEMO Conduce, destacó que existen condiciones favorables para avanzar, entre ellas financiamiento disponible por parte de la banca de desarrollo, interés de gobiernos estatales y municipales, así como una creciente oferta de vehículos eléctricos e infraestructura de carga.
“Hay mucho potencial en México para que las compañías inviertan en tecnología, como lo estamos haciendo en VEMO, donde tenemos en la línea de negocio de financiamiento alrededor de 1,300 vehículos eléctricos arrendados y también trabajamos en todo el frente de clientes B2B”, explicó.
Sin embargo, los especialistas advirtieron que el principal cuello de botella es la falta de capacidad técnica para estructurar proyectos ejecutivos y modelos financieros viables.
“El hardware ya existe: hay autobuses, cargadores y tecnología. Lo que falta es el software institucional para coordinar todos los componentes”, puntualizó Gustavo Jiménez.
Los especialistas también destacaron que la electromovilidad no debe analizarse únicamente desde la óptica tecnológica o económica, ya que tiene impactos relevantes en inclusión social, salud pública y calidad de vida.
“La transición representa una oportunidad financiera importante, pero también tiene beneficios sociales tangibles, por ejemplo, en la salud. La reducción de emisiones beneficia a las poblaciones más vulnerables, por lo que definitivamente representa un beneficio social”, aseguró Gabriela de la Torre Ríos, jefa de Vehículos de Cero Emisiones para Latinoamérica de C40 Cities.
Durante el panel, los expertos resaltaron que la transición hacia vehículos eléctricos ha abierto oportunidades laborales para mujeres en sectores históricamente masculinizados, particularmente en el transporte público y de carga.
Asimismo, indicaron que operadores de autobuses eléctricos reportan mejoras en sus condiciones laborales debido a la reducción de ruido y emisiones contaminantes.
Otro de los puntos abordados fue la necesidad de dejar de comparar directamente a los vehículos eléctricos con los de combustión interna, ya que su lógica de operación, mantenimiento y costos es distinta.
“No se vale comparar el costo de inversión de un eléctrico con el costo de compra de uno de combustión interna. Tenemos que voltear a ver el costo total de propiedad”, indicó Germán Carmona, presidente de la AMIVE.
Recalcó que el análisis debe realizarse sobre el costo total de propiedad a largo plazo y no únicamente sobre el precio inicial de compra.
Acelerar proyectos
Los expertos subrayaron que México cuenta con capacidades para desarrollar tecnología propia, aunque todavía depende ampliamente de vehículos importados. En los últimos años, academia, gobierno e iniciativa privada han comenzado a impulsar proyectos nacionales de fabricación de autobuses eléctricos.
Entre las acciones prioritarias para acelerar la adopción masiva de la electromovilidad, los especialistas mencionaron la necesidad de fortalecer la capacitación técnica, generar proyectos bancables, ampliar la infraestructura de recarga y crear políticas públicas de largo plazo.
“Lo que hace falta es coordinar a todos los actores y dejar de pensar en pilotos para comenzar a construir modelos escalables”, puntualizó Gabriela de la Torre.
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