Después de más de dos días de bloqueos en la carretera México-Puebla, la Secretaría de Gobernación de la entidad alcanzó un acuerdo con los ejidatarios que tomaron la vía para la liberación permanente de un carril en cada sentido.
El titular de la dependencia, Javier Aquino Limón, señaló que este fue el resultado de las mesas de trabajo con los campesinos que exigen el pago de las tierras utilizadas para la construcción de la autopista.
El funcionario agregó que estas acciones permitirán evitar mayores afectaciones, que hasta el momento contabilizan pérdidas por 13,000 millones de pesos, de acuerdo con la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar).
Asimismo, se informó que continuarán las mesas de diálogo para el pago correspondiente, a través de las instancias federales y carreteras de cuota.
En tanto, como medida preventiva, para resguardar la seguridad de quienes transitan por la autopista México-Puebla, el gobierno del estado coordina acciones con el Ejército y la Guardia Nacional.
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En la última actualización de Caminos y Puentes Federales (Capufe) se informó que continúa el cierre parcial a la circulación, a la altura del kilómetro 74, en tanto los manifestantes se encuentran replegados en el lugar.
Al respecto, en entrevista con Azucena Uresti, el presidente de la Canacar, Miguel Ángel Millán volvió a hacer un llamadao urgente para que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) atienda la situación y se libere de inmediato y totalmente la vía.
Un carril no es suficiente, es la puerta de entrada y salida del sur-sureste del país y tiene la conectividad con el resto de la economía de México, a esto le agregamos el daño social, pedimos que de manera urgente la apertura total de las vías.
En conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que ya se está resolviendo el tema con los campesinos para pagarles lo justo por el derecho de vía y se liberen en su totalidad las vías.
Lo que se acordó con ellos se les va a garantizar, nada más que tiene que ser lo justo. Se les va a reconocer el daño, pero para reparar ese daño tenemos una normatividad y hay una oficina de avalúo, que es la que define cuánto se tiene que pagar», comentó.
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