El presupuesto público y los incentivos fiscales deben considerar la importancia e impacto del autotransporte en la economía mexicana, así como en los grandes problemas que enfrenta en inseguridad, extorsiones, infraestructura insuficiente y la sobrerregulación, sostiene Elías Dip Ramé, presidente de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram).
“México está en un problema económico que afecta a los transportistas y claro, repercute en los operadores. El año pasado Conatram planteó ante Diputados la necesidad de incrementar a aproximadamente 400 millones de pesos los ingresos para acreditar el uso de autopistas, de acuerdo con la inflación. ¿Y qué pasó? Hicieron lo contrario, eso es una burla para los transportistas. Y eso no es todo, en numerosas veces le hemos dicho de frente a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) que actúe en las carreteras, incluidas las de cuota, están en malas condiciones y aún así cobran. Eso es un fraude”, aseveró.
Respecto a la reducción de 300 a 250 millones de pesos de los ingresos para acreditar contra el ISR el 50% del gasto anual por uso de casetas, el transportista reconoce que no golpea al hombre-camión, pero sí incrementa el problema de liquidez que enfrentan las flotas medianas y grandes, lo cual tampoco favorece a su crecimiento.
Sobre la renovación de flota y condiciones laborales de los trabajadores, hizo un llamado a las autoridades a replantearse la decisión.
Fortalecer a la Guardia Nacional
Elías Dip toca otro punto clave: el fortalecimiento de las instituciones responsables de la seguridad carretera y la prevención del delito al autotransporte de carga y pasaje. También insiste en que se debe incrementar el número de elementos de la Guardia Nacional en las carreteras del país.
En las carreteras falta mucha vigilancia. Estoy pidiendo a gritos que se triplique el número de oficiales y de patrullas de la Guardia Nacional; estoy pidiendo que se les capacite, que se les evalúe. Son los autorizados para vigilar las carreteras federales y por la razón que sea le piden al chófer 10,000 o 20,000 pesos, o si no, amenazan con llamar a la grúa”, sostiene.
En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2027 se prevé un gasto de 31 mil 487 millones de pesos para la Guardia Nacional, que representa un incremento de 29.9% anual, en términos reales.
Aquí retoma el punto del acreditamiento del gasto en carreteras, pues argumenta que el Gobierno federal limita los estímulos fiscales sin considerar que las mismas autoridades encargadas de vigilar son también quienes extorsionan y permiten que otros grupos delincuenciales actúen en contra del transporte; problemática que genera sobrecostos que no se pueden facturar ni comprobar.
Infraestructura deficiente
El presupuesto planteado por el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum pone énfasis en los proyectos ferroviarios de su administración. Este es otro punto que genera preocupación e inconformidad entre el autotransporte, al ser el quien moviliza 80% del valor de las mercancías que transitan por el país y se enfrenta a una infraestructura logística deficiente.
“El Congreso no ha hecho ni poquito caso a lo que hemos pedido para las carreteras: recursos para los paradores seguros para nuestros operadores, acotamientos para hacer paradas cuando se necesita. No nos han puesto de un metro de acotamiento en este sexenio ni en el pasado”, asevera.
El Congreso está en el proceso de analizar un presupuesto para 2027 que incluye 160 mil 772 millones de pesos en inversión física, dentro de la SICT.
De ese total, poco más de 108 mil 717 millones de pesos o 67.7% están dirigidos a la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado; mientras que para la Dirección General de Carreteras y la de Conservación de Carreteras se etiqueta un total de 23 mil 571 millones 246 mil pesos de inversión física, es decir 14.7% del total.
Recortes a DGAF
A Conatram también le preocupan los recortes de presupuesto para la Dirección General de Autotransporte Federal (DGAF) y la Dirección General de Protección y Medicina Preventiva del Transporte (DGPMPT), áreas clave para la regulación y vigilancia del autotransporte federal.
Para el próximo año, la administración actual planteó un gasto total de 70 millones 679 mil pesos para la DGAF, lo que significa 68.6% menos recursos en términos reales respecto al presupuesto aprobado por el Congreso de la Unión para este 2026.
El total del gasto planteado está destinado a servicios personales, es decir, al pago de nóminas. Esto quiere decir que la dirección, a cargo de Luis Ruiz Hernández, dispondría de 68.3% menos recursos para el pago a funcionarios públicos.
En cuanto al gasto de la Dirección General de Protección y Medicina Preventiva del Transporte, encargada de vigilar la salud y las condiciones de los operadores que laboran en el transporte federal, la Cámara de Diputados también deberá discutir un recorte real de 70.08% al gasto.
Para el próximo año, el gobierno planteó recursos por 33 millones 957 mil pesos, que se destinarán en su totalidad al pago de nómina.
Con ese ajuste, la dirección tendrá 69.1% menos recursos para el gasto corriente en servicios personales respecto al año en curso y tampoco se etiquetan recursos para gastos de operación o inversión física.
“No hay honestidad por parte de algunos médicos porque para unos, como hay dinero de por medio, pues consideran que un operador sí es apto, pero cuando no hay dinero de por medio, no es apto”, destaca el presidente de Conatram.
Concluye que la subsecretaría ha hecho un buen trabajo, pues si hay recortes al presupuesto “no puede hacer milagros” para atender las necesidades de los transportistas.
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