La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) instó a los poderes Ejecutivo y Legislativo a reconsiderar la limitante avalada en la Ley de Ingresos de la Federación 2027 para acreditar el gasto por el uso de autopistas y advirtió que la decisión pone en riesgo la continuidad de miles de empresas.
Hoy enfrentamos decisiones que ponen en riesgo la viabilidad de miles de empresas transportistas. El estímulo fiscal que permite acreditar hasta 50% de los gastos por el uso de las autopistas no es un privilegio, es un instrumento que reconoce, al menos parcialmente, el costo que representa para las empresas utilizar la infraestructura carretera, indispensable para seguir prestando nuestros servicios”, afirmó Augusto Ramos Melo, presidente de Canacar.
En conferencia de prensa, el líder de la cámara sostuvo que la organización empresarial no fue consultada sobre la decisión de reducir de 300 millones de pesos a 250 millones el límite de ingresos anuales para el acreditamiento del gasto por el uso de autopistas. Añadió que, una vez presentada la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación para 2027, sus propuestas no fueron escuchadas.
Nuestra propuesta inicial era considerar la inflación de los últimos años para subir los ingresos a 420 millones de pesos, y no fuimos escuchados ni considerados, siquiera, para mesas de revisión. Bajar (el límite) a 250 millones es un golpe muy fuerte, incluso puede provocar un paro de labores de transportistas, que hoy ya tienen vehículos detenidos”, advirtió.
Propuestas sobre la mesa
La organización empresarial mantiene sobre la mesa dos alternativas, toda vez que el proyecto de la Ley de Ingresos será discutido y votado en el Senado de la República, tras recibir el aval de la Cámara de Diputados la madrugada de este 15 de octubre.
- Mantener el umbral vigente de 300 millones de pesos para evitar que las empresas transportistas se enfrenten a una reducción en las condiciones de acceso al estímulo.
- Conservar el límite de 250 millones de pesos aprobado por la Cámara de Diputados y abrir el beneficio a todas las empresas, de manera que el excedente no se incluya en el acreditamiento contra el Impuesto sobre la Renta (ISR). La cámara consideró que esta medida “pondrá el piso parejo” para las empresas y servirá como incentivo para la formalización del autotransporte.
Hacemos un llamado respetuoso, pero firme, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Cámara de Diputados y al Senado de la República para que escuchen al sector del autotransporte, que valoren las alternativas presentadas y contribuyan a construir una solución antes de llegar a una suspensión de actividades”, externó al respecto.
Autotransporte de carga, al límite
Augusto Ramos sostuvo que el autotransporte de carga es una actividad de alto riesgo, en la que los empresarios se enfrentan a la inseguridad, las extorsiones, la infraestructura deficiente y el alza de costos por diversos factores. Advirtió que estos elementos restan competitividad al sector y deben ser considerados antes de limitar sus estímulos fiscales.
No estamos aquí para ocultar problemas ni para exagerar nuestras demandas. El sector ha llegado a su límite. Durante años quienes nos dedicamos al autotransporte de carga hemos enfrentado inseguridad, extorsiones, incrementos en los costos de operación, deterioro en la infraestructura carretera y una creciente presión sobre la viabilidad económica de nuestras empresas.
Ya no podemos seguir así. El autotransporte de carga no solicita privilegios ni pretende colocarse por encima de otros sectores económicos. Ya no podemos seguir así. Queremos condiciones que permitan competir, invertir, generar empleos y cumplir con nuestras obligaciones. Ya no podemos seguir así”, aseveró.
Argumentos
En la iniciativa de la Ley de Ingresos para 2027, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) estimó que la medida afecta a menos de 10% de los contribuyentes y, ante representantes del sector, informó que dejaría fuera del estímulo a 170 empresas. Además, señaló que la medida implicaría una recaudación de 5 mil millones de pesos.
Respecto a estas cifras, Claudia Sánchez Porras, directora general de la cámara, sostuvo que no coinciden con el impacto que tendrá la medida en el autotransporte de carga y advirtió que esta inhibe la formalización de las empresas e incluso desincentiva el uso de las carreteras de cuota.
En la conferencia de prensa, en la que también estuvo presente Jorge Monroy Reus, secretario general, Augusto Ramos recordó que el acreditamiento del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) correspondiente al diésel daba liquidez a las empresas. Sin embargo, señaló que ahora no cuentan con ese beneficio, ante la necesidad de controlar el precio del combustible, una medida de la presidenta Claudia Sheinbaum que Ramos Melo reconoció.
No es una exigencia, es una defensa de lo que ya tenemos. No queremos que nos lo quiten, los transportistas estamos en un punto de quiebre en que ya no es costeable el sector del autotransporte”, reiteró.
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