Estados Unidos comenzó a aplicar, a partir del 16 de marzo, la norma que prohíbe a inmigrantes solicitantes de asilo, refugiados o beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) obtener licencias de conducir comerciales.
Esta medida, que forma parte de la política del gobierno del presidente Donald Trump contra los operadores inmigrantes tras varios accidentes ocurridos el año pasado, se implementa en un momento en que los costos energéticos se disparan debido a la guerra en Irán.
La norma, que entró en vigor el 16 de marzo, especifica que quienes posean licencias de conducir comerciales válidas perderán sus privilegios de conducción cuando estas expiren.
La nueva norma
Específicamente, esta regla final limita la elegibilidad para los Permisos de Aprendizaje Comercial (CLP) y las Licencias de Conducir Comercial (CDL) no domiciliadas a personas domiciliadas en el extranjero que cuenten con un estatus de no inmigrante específico y verificable basado en el empleo.
Ahora, los estados ya no podrán aceptar el Documento de Autorización de Empleo (EAD) para expedir licencias a extranjeros; en su lugar, los solicitantes deberán contar con estatus de no inmigrante H-2A, H-2B o E-2, ya que estas personas están sujetas a una revisión interinstitucional, según el Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT, por sus siglas en inglés).
Asimismo, se requerirá que todos los solicitantes presenten un pasaporte extranjero vigente y documentación específica del Formulario I-94.
Entre los puntos clave de la regla están:
- Elegibilidad estricta: Está limitada a titulares de estatus de no inmigrante H-2A, H-2B y E-2, sujetos a mayor revisión interinstitucional.
- Eliminación del EAD: Ya no se acepta como prueba de elegibilidad debido a incumplimientos sistémicos en las agencias estatales de licencias de conducir.
- Verificación obligatoria: Los estados deben consultar el sistema SAVE (Sistema de Verificación Sistemática de Extranjeros para Derechos) para confirmar el estatus migratorio legal de cada solicitante.
Se estima que esta disposición afectará a alrededor de 200,000 inmigrantes en Estados Unidos, ya que poseen aproximadamente el 5% de todas las licencias de conducir comerciales, de acuerdo con la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (FMCSA, por sus siglas en inglés).
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