La iniciativa de reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales ha desatado un intenso y crucial debate en los diversos foros legislativos a lo largo del año pasado y lo que va de éste. 

Si bien la medida busca alinearse con estándares internacionales de bienestar y mejorar la calidad de vida de los trabajadores, su implementación plantea un desafío de magnitud singular y complejas ramificaciones para el sector de autotransporte de carga y pasajeros en México.

El meollo del problema radica en la agravación de una crisis preexistente: el déficit crónico de operadores. Actualmente, esta escasez ya representa un cuello de botella logístico, con una cifra que, según estimaciones del sector, alcanza y supera las 99,000 vacantes que no han podido ser cubiertas. 

Con la entrada en vigor de una jornada reducida a 40 horas, la ecuación laboral y operativa se tornará exponencialmente más compleja. Para mantener la capacidad de servicio y cubrir las rutas que antes se realizaban en 48 horas, las empresas se verán ineludiblemente obligadas a contratar personal adicional. 

Sin embargo, este personal simplemente no está disponible en el mercado laboral actual, forzando al sector a competir por un pool de talento ya sobreexplotado o a invertir agresivamente en formación de nuevo personal, un proceso largo y costoso.

Esta preocupación ha sido articulada por líderes del sector. Nathaly Balderas, Gerente General de Autotransportes Quintanilla, una compañía con fuerte presencia en Tamaulipas, ha enfatizado que este tema es de crucial importancia estratégica. 

La reforma forzará a la compañía a reformular y reestructurar su estrategia operativa en sitio, y no solo en lo que respecta a los operadores de unidades. La necesidad de cobertura recaerá también sobre el personal administrativo y de apoyo logístico, impactando a toda la cadena de valor de la empresa.

El impacto no se limita a las carreteras y almacenes. Óscar Ortiz, un experto en temas operativos, ha manifestado que las afectaciones con las 40 horas se extenderán a áreas críticas como los centros de monitoreo y control de flotas. 

Los turnos operativos, que por su naturaleza requieren vigilancia constante, actualmente se cubren típicamente con dos personas por posición en esquemas de 12×36 o similares. 

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Con la nueva limitación horaria, esta cobertura requerirá la asignación de tres personas, o incluso más, para garantizar el cumplimiento normativo sin sacrificar la seguridad. Este incremento forzoso en la plantilla laboral, impulsado por la ley y no por un crecimiento de la demanda, repercutirá directa y severamente en la rentabilidad de todo el sector.

Las proyecciones económicas son desalentadoras. Los análisis preliminares del impacto estiman que la productividad general del sector podría experimentar una caída significativa, que podría llegar hasta 20 por ciento. 

Esta disminución se traducirá automáticamente en un incremento en los costos logísticos —derivados de mayor personal, capacitación, y posible menor utilización de activos—, lo que, en una economía con alta dependencia del autotransporte para el movimiento de mercancías, eventualmente se trasladará, de forma inevitable, al precio final que paga el consumidor por prácticamente todos los bienes y servicios. 

La reforma de las 40 horas, por ende, representa un dilema: un avance en derechos laborales que podría desencadenar una espiral inflacionaria y una crisis de eficiencia en la columna vertebral de la cadena de suministro nacional.

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