México inició en 2026 una nueva etapa para controlar la trazabilidad de los hidrocarburos con la entrada en vigor de la obligatoriedad del código QR y el GPS en el transporte, disposiciones que han generado opiniones encontradas sobre la efectividad de su implementación.
La Comisión Nacional de Energía (CNE), encargada de aplicar estas medidas desde el pasado 2 de enero, asegura que el objetivo es reducir el huachicol o robo de combustibles en todas sus modalidades, desde el tradicional —mediante la vigilancia para evitar la perforación ilegal de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex)— hasta el decomiso en aduanas y puertos para frenar el contrabando.
Ambos delitos crecieron exponencialmente en las últimas décadas. Tan solo en los primeros nueve meses de 2025, la petrolera reportó una pérdida de 20,246 millones de pesos, lo que representó un aumento anual de 35 por ciento.
En cuanto a decomisos, durante el primer año de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se aseguraron más de 98 millones de litros de hidrocarburos en 26 estados, de los cuales 10 millones 506,864 litros correspondieron a diésel.
Las cifras de este petrolífero reportadas por Pemex y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) se suman a las de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), que de enero a julio de 2025 registró alrededor de 50 millones de litros que intentaban introducirse de manera ilegal al país a través de trenes, barcos o pipas.
Avalan nueva regulación
Representantes de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) y de la Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio (AMPES) coinciden en que las nuevas regulaciones ayudarán a disminuir estos delitos, ya que fortalecerán la trazabilidad.
“Se está ejerciendo un mayor control porque estas medidas son una forma de rastreo de todo el producto que se está moviendo”, explica Tomás Martínez López, Director de Normatividad de la CANACAR. “Cuando una unidad tiene el QR es porque está aprobada para realizar el transporte de combustibles, pero cuando se ve un autotanque que no trae ninguna calcomanía, entonces sí se debe revisar”.
La CNE especifica que la instalación de los códigos QR y los dispositivos GPS en las unidades deberá realizarse de manera que no obstruya otros señalamientos exigidos por la normatividad de transporte, tránsito, protección civil, seguridad industrial o ambiental.
Para los carrotanques —que se transportan vía férrea— el plazo para cumplir con estas medidas vence el 30 de abril. En esa fecha, la Comisión evaluará si existen las condiciones técnicas, logísticas y operativas que permitan su implementación.
Gerardo García, Consejero de AMPES, refiere que el autotransporte de combustibles necesitaba estas medidas para profesionalizarse.
“Es una iniciativa que puede aportar mucho, pero depende de la manera en la que va a ser supervisada”, señala el experto en pipas, almacenamiento y distribución.
Las dudas
El consenso entre diversos transportistas consultados por TyT es que, si bien estos lineamientos mejorarán la regulación en el sector de hidrocarburos, también podrían abrir espacios para la extorsión durante las revisiones del cumplimiento normativo.
“Cada requisito adicional que impone la autoridad, lamentablemente genera mayor corrupción en la carretera, sobre todo porque no sabemos si el sistema digital funcionará al cien por ciento”, comenta un transportista que mueve combustible en la región del Bajío.
Las dudas se centran en el Sistema de Registro, Administración y Control a Permisionarias (SIRACP), la nueva plataforma tecnológica administrada y operada por la CNE.
Por este medio, los transportistas deben cargar la información de sus vehículos para que sea visible al momento de escanear el código QR.
Para la protección de los datos personales, el SIRACP sólo visualizará el nombre o razón social; el número y tipo de permiso otorgado; los productos autorizados para transportar; la vigencia del permiso; el estado operativo de la unidad; la matrícula o placa, así como la vigencia de los seguros.
Sin embargo, el temor de los transportistas es que esta información no se cargue completamente durante las revisiones en carreteras.
“Por experiencia en las revisiones del balizado de las unidades del autotransporte, podemos inferir que las autoridades de seguridad, en especial los elementos de la Guardia Nacional, aprovecharán para extorsionar a los operadores si alguno de estos documentos que deben aparecer en el SIRACP no se despliega”, prevé un transportista que cuenta con una flota de más de 100 unidades.
De acuerdo con un análisis de PetroIntelligence, hasta diciembre de 2025 existían al menos 2,198 permisos aprobados por la CNE para el transporte de petrolíferos, de los cuales 2,092 se mantenían vigentes y 106 concluyeron anticipadamente.
Fernando Arreola Trimmer, Director General de Acarrea Líquidos, empresa que cuenta con permisos de la Comisión, revela que desde inicios de 2026 no los ha utilizado, en espera de observar cómo opera el sistema.
“Actualmente no estamos realizando transportación de hidrocarburos porque queremos estar seguros de que la tramitología del sistema de la CNE funciona correctamente, y evitar detenciones en carretera por falta de información”, detalla el directivo de la empresa transportista con 40 años de experiencia en carga especializada.
Una mejor coordinación
La Comisión Nacional de Energía, que entró en funciones el 21 de mayo de 2025 en sustitución de la otrora Comisión Reguladora de Energía, es dirigida por Juan Carlos Solís Ávila, quien ha mostrado apertura al diálogo con representantes del sector hidrocarburos, desde transportistas hasta permisionarios de estaciones gasolineras.
Para la implementación del código QR y el GPS, la CNE acordó extender el plazo en dos ocasiones, hasta ponerlo en marcha de manera definitiva el 2 de enero.
“Desde que la Comisión publicó su intención de implementar nuevas regulaciones, vimos la magnitud del reto y supimos que sería una tarea titánica; por eso solicitamos reuniones para intercambiar opiniones”, comparte Tomás Martínez.
Agrega que en estas mesas de trabajo también se ha abordado el tema de las extorsiones en carreteras, uno de los pendientes en materia de seguridad del Gobierno federal con los transportistas.
Gerardo García considera que la colaboración entre empresas del sector y autoridades es vital para que estos lineamientos cumplan su objetivo.
“Debe existir coordinación entre el SAT, la CNE, las empresas embarcadoras y los transportistas”, menciona el representante de la asociación integrada por más de 79 compañías proveedoras de productos y servicios del sector energético.
Para Juan Cristóbal Vázquez Mejía, Director Jurídico de la CANACAR, más allá del costo que representa el balizado de las unidades con QR, lo fundamental es cumplir con las reglas.
“Las autoridades han tomado nota de nuestras peticiones y han ido dando soluciones en la medida de lo posible; por nuestra parte, estamos trabajando para cumplir con la regulación”, concluye.
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