En medio de una crisis operativa para atender los requerimientos del autotransporte federal y ejercer una regulación y supervisión adecuadas sobre las unidades pesadas que transitan por las carreteras del país, la Dirección General de Autotransporte Federal (DGAF) y la Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte (DGPMPT), iniciaron 2026 con recortes presupuestales de 29.5% y 19.3% en términos reales, respectivamente.
Ambas direcciones acumulan dos años consecutivos de reducciones a doble dígito en su presupuesto, situación que las coloca ante un panorama crítico para cumplir con sus obligaciones. Ello ocurre en un contexto en el que se espera un 2026 con mayor dinamismo económico, impulsado en parte por la celebración del Mundial de Futbol y, posteriormente, por una menor cautela frente a la revisión del T-MEC, lo que significa una mejora en la demanda para el autotransporte, factor que las autoridades no están considerando.
Para el ejercicio actual, la DGAF –a cargo de Luis Ruiz Hernández– dispone de 217 millones 897,000 pesos para cumplir con sus funciones de control, supervisión, regulación, capacitación y tramitología en el autotransporte federal y sus servicios auxiliares. Esta cifra no sólo es 29.5% inferior a la de 2025, sino que también se encuentra muy por debajo de los poco más de 287, 839 millones de pesos etiquetados en 2018, justo antes del inicio de la denominada “austeridad republicana”.
En tanto, en medio de una evidente incapacidad para atender la demanda de Exámenes Psicofísicos Integrales —requisito indispensable para obtener y renovar las licencias de quienes operan el autotransporte federal público y privado—, la DGPMPT, encabezada por Sonia Jiménez Hernández, ejercerá este año 109 millones 972,000 pesos. El monto representa un recorte real de 19.3% y, al igual que en la DGAF, se ubica muy por debajo de los 220 millones 645,000 pesos con los que contó hace ocho años.
Al final, la política de austeridad se ha reflejado en una menor capacidad del Estado en todos los frentes: regulación, supervisión y desarrollo de política pública. Por donde se le vea, se están incrementando los riesgos de incumplimiento de normas de seguridad, mantenimiento y todo lo relacionado con la regulación del autotransporte. Esto tiene implicaciones directas en la seguridad de los operadores y del resto de los usuarios a nivel nacional”, afirma Óscar Ocampo Albarrán, Director de Desarrollo Económico del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
En una respuesta escrita enviada a Revista TyT, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) afirmó que ambas direcciones generales «cuentan con el presupuesto suficiente para el desarrollo de sus funciones».
Argumentó que ha trabajado para mejorar los procesos de atención, simplificación, seguimiento y gestión de trámites, así como en la optimización, administración y gestión de insumos, lo que, junto con los procesos de digitalización, le permite reducir los tiempos de atención de trámites.
Finalmente sostuvo que, en la medida en que se requiriera mayor presupuesto, la dependencia realizarán las gestiones administrativas correspondientes.
El pago de la factura
Las dificultades del Gobierno federal para cumplir con sus responsabilidades generan una creciente preocupación en el sector. La nueva reducción presupuestal enciende las alarmas, ya que el autotransporte no se detiene y las ineficiencias administrativas impactan directamente en los costos y merman la competitividad.
Con este recorte presupuestario, particularmente en la Dirección General de Autotransporte Federal, nos preocupa que se retrasen aún más trámites como papelería, revisiones físico-mecánicas y placas. En el caso de Medicina Preventiva, preocupa la falta de insumos para la realización de los exámenes médicos”, señala Patricia Vizcaya Ángeles, Directora Jurídica y de Normatividad de la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP).
Desde la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram) se advierte sobre los sobrecostos que enfrenta el autotransporte y las extorsiones a las que se ven expuestos los operadores al no poder cumplir cabalmente con la normatividad, debido a condiciones ajenas a su responsabilidad.
Un nuevo recorte presupuestal es una mala noticia. El año pasado no tuvimos folios de verificación de emisiones ni de condiciones físico-mecánicas; además, no hubo licencias ni placas. Nos han llevado de una prórroga a otra y no avanzamos para estar en regla, lo que abre la puerta a extorsiones en carretera por parte de autoridades”, asevera Omar Ortiz Garza, delegado de la Conatram en Nuevo León.
En entrevista, el transportista explica que, en ocasiones, elementos municipales exceden su ámbito de competencia y revisan documentación cuya regulación corresponde a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). Aunque existen prórrogas vigentes, éstas no siempre son reconocidas, lo que deriva en un “estira y afloja” que desemboca en extorsiones en distintos municipios del país.
Las más graves se presentan cuando existe una causal que amerita sacar de circulación un camión, como portar una licencia vencida. Tenemos casos de transportistas obligados a desembolsar entre 10,000 y 20,000 pesos, y esto ha ocurrido en varios estados”, afirma.
La SICT ha intentado dar certidumbre mediante prórrogas, permisos especiales y “facilidades administrativas”; sin embargo, el sector insiste en que se requieren soluciones estructurales, que pasan necesariamente por mayores recursos para insumos básicos, herramientas tecnológicas y, sobre todo, personal suficiente y capacitado.
Capital humano y tecnología
Los recortes más severos en la DGAF y la DGPMPT se concentraron en el rubro de servicios personales, es decir, en el pago de nóminas. Esto debió obligar a ambas direcciones a reducir su personal, dejando al descubierto que no estaban preparadas para operar con estructuras limitadas.
En 2018 se dijo que el Gobierno mexicano era demasiado grande, lo cual no era necesariamente cierto. Se redujeron estructuras administrativas sin estudios serios para identificar redundancias o ineficiencias. En lugar de usar bisturí, se utilizó machete, y el resultado es un andamiaje institucional que no es ni más eficiente ni más barato”, advierte Ocampo Albarrán.
La Secretaría encabezada por Jesús Antonio Esteva Medina argumentó que avanza en procesos de eficiencia, respaldados por acuerdos de simplificación administrativa y modernización de trámites; no obstante, el impacto para las empresas transportistas ha sido nulo o limitado.
En materia de vigilancia, en julio del año pasado, Esteva informó sobre la instalación de arcos dinámicos —equipos de reconocimiento de placas con sensores de dimensiones, básculas y radares de velocidad— en 12 puntos estratégicos de las autopistas México-Querétaro y México-Puebla, así como en ejes troncales del país.
Estamos a favor de la digitalización, pero se necesitan personas. La contratación de personal es indispensable para agilizar trámites que son necesariamente presenciales, como los exámenes para obtener el apto médico”, sostiene Vizcaya Ángeles. Para la ANTP, la supervisión efectiva requiere personal capacitado que verifique las unidades pesadas, mientras los arcos dinámicos no tengan una cobertura robusta a nivel nacional.
Desde otra perspectiva, Eucario Reyes, Presidente de la Asociación Nacional de Representación en el Autotransporte (ANRA), considera que el problema no es únicamente la falta de personal, sino la incorporación de funcionarios sin la capacitación ni los conocimientos técnicos necesarios, lo que genera cuellos de botella.
Un trámite de arrendamiento puede tardar más de mes y medio. No sólo hay ineficiencias por el recorte presupuestal, sino por la llegada de burócratas sin preparación suficiente”, afirma.
Reyes también señala un rezago tecnológico. Plataformas como la de citas para el apto médico no son amigables para el usuario, lo que dificulta el proceso para al menos 75% de los operadores, quienes deben recurrir a intermediarios. A ello se suma una atención deficiente en algunas oficinas.
La administración pública está en los huesos. Hay funcionarios muy competentes que han sacado el trabajo con lo que hay, pero no se puede sostener indefinidamente una política de recortes. El factor humano es irremplazable”, resume el directivo del IMCO.
Estas condiciones amplían la “ventana de corrupción”, al existir menos controles y menor capacidad de supervisión, añade el experto.
Propuestas sobre la mesa
Las organizaciones empresariales del sector no sólo comparten la preocupación, también han planteado alternativas para agilizar trámites y elevar la seguridad de operadores y unidades. Miguel Ángel Martínez Millán, Presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), propone esquemas de colaboración con instituciones de salud pública para que Medicina Preventiva en el Transporte pueda utilizar su infraestructura y personal en la realización de los exámenes médicos.
Asimismo, la Canacar solicitó a la DGAF la creación de una nueva figura para transportistas que acrediten procesos alineados de manera permanente con la normatividad de la SICT y al cuidado de la salud de sus operadores, permitiéndoles validar el apto médico mediante este mecanismo. También coincide en la necesidad de modernizar y transparentar la plataforma de citas en línea, con el fin de eliminar intermediarios y reducir tiempos.
Desde la ANTP se impulsa la autorregulación y el cumplimiento normativo como vías para mitigar el impacto de la reducción presupuestal y mejorar la seguridad vial: “La NOM-012 contempla la autorregulación. Si se aplica con compromiso, se reducirán los siniestros. También está la NOM-068 sobre condiciones físico-mecánicas, que permitiría que operadores y vehículos salgan totalmente regulados antes del viaje”, anticipa Vizcaya.
Incluso, la asociación plantea que médicos de las empresas usuarias del autotransporte puedan practicar los exámenes psicofísicos integrales, siempre que estén certificados y autorizados por la SICT: “El 70% de los socios de la ANTP contrata servicios de autotransporte; podríamos aplicarles el examen directamente”, sostiene.
Desde la Conatram se propone retomar el esquema de Terceros Autorizados, bajo reglas más estrictas y supervisión cercana, además de avanzar en la digitalización de trámites.
Con recursos públicos en niveles similares a los de hace ocho años, arrastrando ineficiencias y sobrecostos, el sector insiste en mantener mesas de trabajo con la SICT para construir soluciones conjuntas a favor de una industria que no puede detenerse y que ya no tiene margen para absorber mayores costos.
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