La Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP) y la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram) solicitaron ante diputados delinear e incrementar los recursos que serán destinados en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2027 a la atención y prevención del robo al autotransporte de carga en carreteras, lo que incluye el fortalecimiento de la Guardia Nacional.
Durante su participación en la mesa de trabajo denominada “Función Gobierno” para analizar y evaluar el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2027, organizada por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, Germán Paz Cruz, gerente de Seguridad en Delito de la ANTP, celebró que el proyecto incluya incrementos en el gasto para la seguridad.
Sin embargo, solicitó a los diputados identificar la asignación del gasto y la delimitación de metas en materia de capacitación de los elementos, el incremento de su capacidad táctica y operativa, así como en labores de inteligencia, investigación e incremento de recursos para los programas contra el robo en carreteras.
Sostuvo que debe haber una mayor capacitación del personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Guardia Nacional (GN) para atender al autotransporte federal:
Es importante que esas instituciones cuenten con personal capacitado para poder llevar a cabo acciones de prevención y atención del robo en carreteras, así como preservar la evidencia (del delito) y brindar atención adecuada a las víctimas”.
En su intervención, Diego Bolio, delegado de Conatram en Jalisco, sostuvo que se debe dar mayor importancia al presupuesto destinado a la seguridad en carreteras e incrementar los recursos para fortalecer a la Guardia Nacional, mediante la ampliación de su fuerza operativa en tramos de alto riesgo y la adquisición de patrullas.
Solicitó inversión para crear corredores seguros dotados de infraestructura tecnológica, señalética inteligente y arcos lectores de alta definición interconectados para la detección inmediata de unidades robadas. El transportista también insistió en la necesidad de crear una red de paraderos de descanso seguros.
Tanto la ANTP como Conatram coincidieron en que se debe hacer una mayor labor de inteligencia para la identificación de patrones delictivos, el intercambio de información entre autoridades y el fortalecimiento de las investigaciones que permitan actuar contra las redes responsables, así como en la atención expedita del delito y la erradicación de la impunidad.
Germán Paz instó a que se designe y precise el financiamiento específico para desarrollar estrategias impulsadas desde el Ejecutivo Federal, como el plan Cero Robos, BALAM y el combate a la extorsión.
Pedimos que se cuente con recursos para personal, monitoreo, tecnología y coordinación con las diferentes entidades federativas, así como dar seguimiento a indicadores claros y tiempos de respuesta en la recuperación de unidades y avances en la investigación.
Nuestra solicitud es concreta: que el incremento presupuestal se acompañe de asignaciones identificables y objetivos medibles que ayuden a la prevención y atención de los delitos que afectan al transporte de mercancías”, afirmó.
En tanto, Diego Bolio aseguró que el costo de la inseguridad carretera en México alcanza pérdidas anuales por 9,500 millones de pesos, cifra que incluye los costos asociados al robo de carga en las distintas unidades económicas afectadas; aseguró que incrementar el presupuesto para inhibir el delito es una inversión de alto impacto para la economía del país.
El PPEF para 2027 prevé recursos por 185 mil 706 millones de pesos para la Sedena, lo que representa un alza de 5.4% real respecto al presupuesto aprobado para este año; en específico, para la GN se plantean 31 mil 487 millones, con un incremento de 29.9%; y para la SSPC, un gasto total de 64 mil 487 millones de pesos, que representa un incremento de 4.0% en términos reales.
En este contexto, los representantes del sector transporte solicitaron que haya más recursos para atender el robo en carreteras y se determinen metas precisas en la materia, ante la existencia de rutas críticas y la prevalencia de la violencia en contra de los operadores.
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