Apenas catorce kilómetros separan el punto del impacto del destacamento de la Guardia Nacional en El Huizache, San Luis Potosí. En una patrulla, a velocidad de respuesta de emergencia, son menos de diez minutos de trayecto. Sin embargo, la autoridad tardó dos horas en llegar al lugar de la rapiña.
En ese lapso, la carretera federal volvió a mostrar su rostro más descompuesto: mientras un operador yacía prensado entre los fierros retorcidos de su cabina, decenas de personas pasaron por encima de él no para rescatarlo, sino para saquear la carga, vaciar el remolque e, incluso, desmantelar los neumáticos de las unidades siniestradas.
El testimonio de José Fernando Carbajo, director general de Transportes Internacionales Monarca, es una denuncia directa contra la indolencia social y el abandono institucional que sufren los transportistas a diario en las vías federales del país.
Esto sucedió el pasado sábado 7 de noviembre a las seis de la mañana. Una unidad de Transportes Internacionales Monarca, cargada con abarrotes y bienes de consumo, circulaba sobre territorio potosino cuando se impactó de lleno contra un full detenido sobre el carril de baja velocidad.
Las dos tolvas estacionadas transportaban alrededor de 70 toneladas de acero. El impacto fue duro, aparatoso. La unidad de Monarca terminó volcada sobre la cinta asfáltica junto con su remolque, dejando al operador atrapado en el habitáculo destrozado.
Lo que debió ser un protocolo urgente de rescate médico y abanderamiento vial se convirtió de inmediato en un acto de rapiña masiva. Pobladores de la zona convergieron en el siniestro. Ninguno se acercó a verificar los signos vitales del conductor ni intentó forzar la portezuela para auxiliarlo. La prioridad fue la mercancía. La rapiña.
Abrieron la caja, sustrajeron los objetos personales del conductor, los abarrotes y los bienes de consumo hasta vaciarla por completo. Cuando la carga se agotó, comenzaron a desvalijar las unidades: rines, llantas del tractocamión y de los remolques fueron desmontados y acarreados a la vista de todos. Horas después comenzaron a circular estos videos en redes sociales.
La escena contenía un detalle más bien premonitorio. Apenas dos semanas antes, diversas organizaciones de transportistas paralizaron carreteras en el país para exigir un alto a la violencia y a la falta de garantías en el asfalto. Durante esa movilización, a este mismo remolque hoy destrozado le habían colocado una leyenda visible:
«Estoy hasta la madre de robos, asaltos y asesinatos de choferes y transportistas. Exigimos una solución».
El letrero permanecía ahí, sobre el costado volcado del semirremolque, mientras la turba continuaba el despojo a unos centímetros del operador prensado. La frase que denunciaba la inseguridad se convirtió, con una crudeza brutal, en el escenario del propio reclamo.
La principal acusación de la dirección general de Transportes Internacionales Monarca apunta a la inoperancia de los cuerpos de seguridad pública federal.
A pesar de que el destacamento de la Guardia Nacional en El Huizache se ubica a escasos 14 kilómetros del punto del choque, las patrullas demoraron dos horas completas en presentarse en el lugar.
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Durante ciento veinte minutos, el operador permaneció sin atención prehospitalaria, la circulación quedó expuesta a un accidente secundario de consecuencias mayores y la turba operó en absoluta impunidad.
Para José Fernando Carbajo, lo ocurrido en San Luis Potosí no es un hecho aislado, sino la confirmación de la vulnerabilidad en la que rueda el autotransporte nacional: un sector que sostiene la economía del país, pero que ante un siniestro no encuentra auxilio de la autoridad, sino la indiferencia del Estado y el saqueo normalizado en el camino.
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